El Capítulo de Ingeniería Electrónica del Colegio de Ingenieros del Perú – CDLIMA, encabezado por el Ing. CIP Juan Francisco Madrid Cisneros, expresa su profunda preocupación respecto a la reciente promulgación del Decreto Legislativo Nº 1627, el cual establece un mecanismo especial de asignación directa del espectro radioeléctrico para la tecnología 5G en el país, eliminando el proceso de concurso público gestionado por PROINVERSIÓN.
Mediante un documento de análisis del Comité de Conectividad y Banda Ancha del Capítulo, diversos profesionales señalaron que el espectro radioeléctrico es un recurso estratégico y limitado que debe ser gestionado con eficiencia y transparencia, en beneficio de todos los peruanos. El mecanismo de asignación directa planteado por el MTC pone en riesgo la competitividad, la transparencia en la gestión del espectro y podría disminuir los ingresos que el Estado en más 1,000 millones de dólares, recurso que se necesita para mejorar la infraestructura de telecomunicaciones en las zonas más desatendidas del país y la democratización del internet.
El documento de análisis subraya que las decisiones sobre el uso del espectro deben tomarse con una visión de desarrollo sostenible, asegurando la participación equitativa de todos los actores del mercado. En ese sentido, se exige al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) reconsiderar la eliminación del concurso público y buscar mecanismos que aseguren la transparencia y el beneficio para el país.
“El espectro radioeléctrico no solo es fundamental para la implementación de tecnologías avanzadas como 5G, sino también para la transformación digital del Perú, la cual depende de una conectividad de calidad que llegue a todos los peruanos, especialmente de las zonas menos favorecidas», agregaron los profesionales en el documento técnico.
Para abordar estos problemas, se recomiendan varias acciones estratégicas: la implementación de subastas competitivas y transparentes, el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión y cumplimiento de compromisos por parte de los operadores, y el fomento de la innovación tecnológica en sectores clave.
Además, se hace énfasis en la necesidad de involucrar a entidades de control como la Contraloría General de la República y la Fiscalía de Prevención del Delito en caso de que se mantenga el mecanismo de asignación directa, con el objetivo de garantizar la transparencia, legalidad y eficiencia en la gestión del espectro. Es importante señalar que nuestra posición es la neutralidad tecnológica y lo mejor para el país.
